La facultad de la FGR para requerir información relacionada con el secreto bancario con fines penales vulnera el derecho a la privacidad de las personas: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este 25 de enero de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito vulnera el derecho a la vida privada al permitir que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite a las instituciones crediticias información bancaria y financiera de las personas para el desarrollo de una investigación penal sin mediar autorización judicial.
Esta decisión emana de un juicio de amparo en el que una persona reclamó la inconstitucionalidad del artículo mencionado con fundamento en el cual, durante la etapa de investigación, el Ministerio Público (MP) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre sus cuentas bancarias por la posible comisión del delito equiparable al de defraudación fiscal, sin autorización judicial previa. Lo anterior, tras afirmar que dicho precepto transgrede los derechos a la privacidad y a la intimidad.
Al conocer del asunto, la Primera Sala consideró que si bien el derecho a la privacidad, en la vertiente de protección del secreto bancario, no es irrestricto y admite excepciones, para los fines de una investigación penal es necesaria la intervención judicial, previo a que la persona titular de la FGR o el servidor público en quien delegue facultades pueda requerir información bancaria a las instituciones financieras para la comprobación de un hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad de la persona imputada.
La Facultad de la FGR para requerir información relacionada con el secreto bancario con fines penales vulnera el derecho a la privacidad de las personas.
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Sala destacó que el control judicial en materia penal se ideó como un mecanismo de protección de derechos fundamentales, por lo que la autorización judicial es obligatoria cuando la técnica o acto de investigación que pretenda practicar la autoridad ministerial signifique una afectación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo tanto, la intervención de los jueces de control en la autorización de las medidas y técnicas de investigación es la regla y solo por excepción, no se requiere de la intervención judicial.
Al respecto, el alto tribunal precisó que de permitirse al MP solicitar información bancaria de una persona sujeta a una investigación penal sin que tenga intervención una autoridad judicial, esto se traduciría en una vulneración al derecho a la privacidad. Por lo tanto, para que una intromisión a la vida privada de las personas se ajuste a los parámetros constitucionales y convencionales es necesaria la intervención y supervisión judicial.
La Primera Sala concluyó que el precepto normativo es inconstitucional, por lo que concedió la protección federal en contra de su aplicación en perjuicio del quejoso y ordenó devolver el asunto al Tribunal Colegiado del conocimiento para que resuelva los aspectos de legalidad.
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